Kamaleón Político
8M en Puebla: presupuesto hay, voluntad no
El 8 de marzo no es un acto protocolario ni una fecha para discursos ensayados. En Puebla, es un recordatorio incómodo de que la deuda con las mujeres no sólo persiste: se administra.
Las cifras oficiales dicen que el feminicidio bajó 46.8 %. La Fiscalía reconoce 17 casos en lo que va de 2025. Pero el recuento hemerográfico documenta al menos 26 asesinatos de mujeres con características de feminicidio en el mismo periodo. La diferencia no es estadística; es política. Es la brecha entre lo que se tipifica y lo que realmente ocurre.
Mientras tanto, Puebla ocupa el quinto lugar nacional en incidentes contra la mujer; octavo en violación simple y décimo en violencia intrafamiliar y de pareja. Y hay 777 mujeres desaparecidas desde 1952 hasta 2026; 28 % de ellas tenían entre 15 y 19 años. No es una crisis aislada: es una estructura de violencia.
Pero si el problema es estructural, también lo son las omisiones.
La Alerta de Violencia de Género no es nueva en Puebla. Implica obligaciones claras: fortalecer fiscalías especializadas, profesionalizar ministerios públicos, garantizar órdenes de protección efectivas, crear refugios suficientes y asegurar presupuesto etiquetado. ¿Se cumple todo? Formalmente sí. Sustantivamente, los resultados no lo reflejan.
El tema presupuestal es clave. Cada año se anuncian partidas para igualdad sustantiva, prevención y atención de la violencia. Pero la transparencia sobre su ejercicio real es opaca. ¿Cuánto se destina efectivamente a peritajes especializados? ¿Cuánto a capacitación policial? ¿Cuánto a seguimiento de órdenes de restricción? ¿Cuánto a refugios y acompañamiento jurídico?
El dinero etiquetado no siempre se traduce en impacto medible.
Y luego está el Congreso. Las y los legisladores suelen aprobar exhortos, reformar artículos y pronunciarse cada 8M. Pero ¿cuántas evaluaciones reales han exigido sobre el funcionamiento de la Fiscalía? ¿Cuántas comparecencias técnicas han derivado en ajustes presupuestales serios? ¿Cuántas auditorías específicas se han solicitado sobre el uso de recursos destinados a combatir la violencia de género?
Legislar no es emitir posicionamientos en tribuna; es fiscalizar al poder.
Si el presupuesto se aprueba sin mecanismos de evaluación rigurosos, si no hay indicadores de desempeño claros, si no se condiciona el gasto a resultados verificables, entonces la política pública se vuelve simulación.
Y mientras tanto, las carpetas de investigación se acumulan. Las desapariciones siguen abiertas. La impunidad continúa siendo la constante.
El 8 de marzo no necesita más edificios iluminados de morado. Necesita fiscalías eficaces, policías capacitados, jueces sensibles y congresos que dejen de aplaudir informes y comiencen a exigir cuentas.
Porque cuando la violencia contra las mujeres se mantiene en niveles alarmantes, no es sólo un problema de seguridad: es un fracaso institucional.
En Puebla, el presupuesto existe.
La legislación existe.
La alerta existe.
Lo que sigue sin existir, en la magnitud necesaria, es la rendición de cuentas efectiva.
Y sin ella, no hay nada que conmemorar.
