Eliminación del arraigo y la prisión preventiva oficiosa, las propuestas presentadas por Norma Piña

CORTESÍA: LATINUS

• Esta propuesta está ausente en la reforma al Poder Judicial

Norma Piña Hernández, ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), presentó una propuesta de reforma integral al sistema de justicia en México, en el marco del inicio de la discusión en el Senado de la reforma judicial enviada al Congreso por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El documento, de 272 páginas, contiene 20 “transformaciones centrales” en dos apartados: aspectos institucionales y acceso a la justicia.

En el primer apartado, se sugiere que se emita una ley nacional de carrera judicial para unificar los procedimientos para acceder a los cargos dentro de los poderes judiciales del país. Además, propone que las reformas legales deben establecer que la selección y ascenso de los jueces se debe basar en el mérito y las capacidades profesionales.

Se propone también que México dé cumplimiento a las recomendaciones emitidas por las Naciones Unidas y el Sistema Interamericano de derechos humanos para eliminar de la normativa legal las medidas del arraigo y la prisión preventiva oficiosa. Asimismo, el documento señala que se debe ajustar la figura de la flagrancia para evitar las detenciones arbitrarias.

En materia de Seguridad Pública, se propone abandonar el enfoque punitivista y el combate armado contra el tráfico de drogas, ya que, dice el documento, ese modelo no ha generado beneficios y sólo ha contribuido al aumento de la violencia.

Asegura que las Fuerzas Armadas deben disminuir su participación en labores de seguridad pública, en cumplimiento con la Constitución. Para ellos, se propone que se fortalezca a las instituciones civiles a través de diversas medidas como mejorar el salario mínimo y las condiciones laborales de los policías.

También proponen crear un Sistema Nacional de Defensorías para homologar su actuación ante los Ministerios Públicos, por ejemplo, ante casos de tortura o ejecución. El documento señala que se debe aumentar el personal que labora dentro de las defensorías públicas, fortalecer su autonomía, consolidar el servicio profesional de carrera y crear unidades de investigación y servicios periciales.

Cambios en fiscalías y ministerios públicos

Esta reforma integral que presentó la ministra Piña Hernández menciona cambios en las fiscalías y ministerios públicos, lo cual está ausente en la reforma judicial promovida por Morena y que ha generado críticas entre quienes se oponen a dicha reforma que se encuentra en proceso de ser aprobada.

La propuesta integral sugiere crear modelos de carrera y certificación del personal de las fiscalías. También menciona la posible creación de una figura similar al Consejo de la Judicatura, independiente de las fiscalías, para evaluar el desempeño del personal y certifique su actuación.

En materia de amparo, el documento señala que se debe dar la posibilidad de otorgar suspensiones con efectos generales, contrario a la reciente reforma a la Ley de Amparo aprobada por la mayoría morenista para evitar que se suspendan leyes.

En la propuesta, se sugiere que al menos el 2% del presupuesto público sea asignado al Poder Judicial para incrementar la eficacia y eficiencia de sus labores.

Con la propuesta de reforma integral al sistema de justicia, también se hicieron públicos dos documentos relacionados con la reforma judicial. El primero, elaborado por el Consejo de la Judicatura Federal en coordinación con el Tecnológico de Monterrey, recoge lo expuesto en las jornadas nacionales de análisis a la reforma judicial presentada por el presidente López Obrador.

“Las reformas estructurales al sistema de justicia de cualquier democracia constitucional requieren de una cuidadosa consideración del contexto sociopolítico para evitar comprometer la independencia judicial y generar incertidumbre jurídica”, señala el primer documento.

El segundo es una propuesta de reforma a los poderes judiciales locales que elaboró la ministra Margarita Ríos Farjat, que incluye propuestas como certificar los conocimientos de los abogados litigantes, crear las clínicas de asesoría jurídica gratuita, establecer en la Constitución la carrera judicial local e incorporar la inamovilidad de los jueces locales.

Los tres documentos fueron presentados este domingo, justo cuando comenzó la discusión de la reforma judicial en comisiones del Senado y, también, se llevó a cabo una manifestación de estudiantes, trabajadores del Poder Judicial y sociedad civil en contra de la propuesta enviada por el presidente López Obrador y aprobada por la Cámara de Diputados.