A propósito del PEF 2022
Adrián Salazar
A estas alturas, la noticia de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2022 ya recorrió todo el país. Con 273 votos a favor, 214 en contra y ninguna abstención, el dictamen fue aprobado después una sesión que duró más de 42 horas sin que se atendieran las mil 994 reservas presentadas por los legisladores de oposición.
Respecto al año pasado, este presupuesto tiene un ligero incremento del 89.6 por ciento, es decir, se destinaron para gasto neto 7.8 billones de pesos más; otro aumento registrado fue a los programas sociales prioritarios, de 5 mil 657 millones de pesos (lo cuales han sido señalados de ineficientes en la reducción de la pobreza), en contraste, al INE se le redujo 4 mil 913 millones de pesos y al Poder Judicial se le recortaron tres mil millones.
Sin embargo, rubros como fortalecimiento al campo, equidad de género, protección del medio ambiente y seguridad pública fueron dejados de lado. En tanto, la oposición criticó la ingente cantidad de recursos destinados a los denominados “megaproyectos” de AMLO, como la refinería de Dos Bocas, el Tren Transítsmico, el Tren Maya y el aeropuerto “Felipe Ángeles”.
De acuerdo con Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales (CMEES), uno de los rubros en que es visible que el gobierno no tiene como prioridad las necesidades de la gente más pobre es en la disminución del presupuesto en los esquemas de solución a la vivienda. En el Programa de Mejoramiento Urbano la reducción es de 51%, en el Programa Nacional de Reconstrucción la disminución fue de 3.6% y en el Programa Nacional de Vivienda el presupuesto para 2022 es el mismo que en 2021. En conjunto, la disminución del recurso para el mejoramiento de la vivienda es de 32%.
La reducción del presupuesto se da en circunstancias en que las condiciones de vida de la población mexicana no muestran mejoría y más bien muestran evidente deterioro. Los datos registrados por Coneval en 2021 señalan un incremento del porcentaje de la pobreza en el país de 2.3%, cifra que implica 3.8 millones de nuevos pobres.
Además de los datos presentados por las estadísticas, los desastres que se detonaron por los fenómenos naturales evidenciaron la vulnerabilidad de la débil infraestructura de las viviendas, de las comunidades y pueblos. Aunque las necesidades de vivienda y de mejoramiento urbano por parte de la población han crecido en los últimos años, no así el presupuesto federal.
El mismo documento del CMEES refiere que -de acuerdo con datos de la Cámara Nacional de Industria y Promoción de la Vivienda-, en 2021 el precio de la vivienda se encareció. El acero se incrementó en 7% y el cemento alcanzó un aumento de 12%. Esto derivó en un alza en el precio final de la vivienda de 9%. En estas circunstancias se vuelve aún más urgente un aumento de presupuesto destinado a la vivienda, un presupuesto que genere empleos bien pagados, que esté respaldado por especialistas en medio ambiente e ingenieros que prioricen la seguridad y bienestar de la población para que no se repitan las últimas tragedias.
Por su parte, la revista Buzos de la noticia (No 1001), califica a la deuda pública de las entidades federativas y los recortes presupuestales como un aspecto inseparable de la política económica desde hace varios sexenios, en consecuencia, el endeudamiento es un problema que se agravará en el plazo inmediato porque un buen número de las 32 entidades federativas tendrá que recurrir al crédito bancario, público o privado, para solventar los gastos, proyectos y pagos pendientes.
Como siempre, los recortes al PEF afectan principalmente a los estratos más empobrecidos porque repercuten sobre la salud, educación, empleo y servicios públicos. Aunque habrá un ligero incremento en las transferencias de la Federación a los estados, los niveles presupuestales retrocederán más de dos años por las reducciones al PEF 2021 y 2022, según los analistas,
Diversos especialistas pronostican que los gobiernos estatales se verán obligados a recurrir a la contratación de créditos, aumentando su deuda, a pesar de los candados existentes, pues no tienen más opción que el endeudamiento: acudir a la banca es su salida de emergencia. Varios mandatarios entrantes declaran haber recibido una administración en quiebra y reconocen que se encuentran gestionando créditos.
Considerando estos factores, recortes a algunos rubros e incrementos a otros, queda claro que el gobierno federal, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, sigue dejando a los pobres en el desamparo real porque los programas sociales no están enfocados en las personas más pobres, sino en adultos mayores, trabajadores agrícolas o jóvenes con educación media superior o superior, de acuerdo al Instituto de Estudios sobre Desigualdad (Indesig), en contraste, la pobreza anida más hondamente en las personas que no tienen educación media, en cinturones de pobreza urbana y niños, mismos que no son atendidos por la cartera de programas sociales actuales.
Otro factor que, aunque velado pero con gran relevancia, es la incapacidad del gobierno federal para aumentar el gasto social sin recortar en otros lados gracias a que no se ha aumentado la recaudación de manera sustantiva. Para tener una mejor estabilidad económica, una que permita aumentar las oportunidades, es menester que el gasto social efectivamente suba y que llegue a las personas con mayor necesidad.
